Rebajas a criminales de la dictadura: una afrenta a las víctimas y una justicia que debe cambiar

PTT Noticias condena los beneficios que debilitan las penas por crímenes de lesa humanidad y propone democratizar el sistema judicial mediante la elección popular de jueces.

El Gobierno de José Antonio Kast concedió una rebaja de 19 meses a César Luis Acuña Luengo, exagente de la CNI condenado a diez años y un día por el secuestro calificado de cinco personas desaparecidas en septiembre de 1987.

Las víctimas fueron Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola. Según la reconstrucción judicial recogida por BioBioChile, fueron mantenidas ocultas en el cuartel Borgoño y posteriormente arrojadas al mar frente a Quintay, atadas a durmientes. Sus restos siguen desaparecidos.

Acuña también había sido condenado a tres años por el homicidio de Recaredo Ignacio Valenzuela Pohorecky, en la Operación Albania. La rebaja actual corresponde a los secuestros, no a ese homicidio.

Las responsabilidades identificadas

El decreto fue firmado el 20 de mayo de 2026 por Pablo Mira Hurtado, como ministro de Justicia subrogante. Previamente, Luis Silva había sostenido en un informe que correspondía otorgar el beneficio. La Corte de Apelaciones de Santiago exigió un pronunciamiento del ministerio, sin ordenar expresamente concederlo.

Amnistía Internacional Chile advirtió que beneficiar a responsables de crímenes de lesa humanidad vulneraría las obligaciones internacionales del Estado en materia de justicia.

Nuestra condena y propuesta

PTT Noticias condena moral y éticamente las rebajas que facilitan la libertad de responsables de estas atrocidades. Consideramos que los crímenes más graves de la dictadura debieron recibir presidio perpetuo, conforme a la legislación aplicable.

Nuestra crítica alcanza a un sistema judicial que consideramos jerárquico, autoritario y alejado del pueblo. Denunciamos una justicia que, desde nuestra perspectiva editorial, reproduce privilegios de las familias más ricas y los grupos económicos, mientras las víctimas populares deben luchar durante décadas para obtener reparación.

Proponemos que los jueces sean elegidos por el pueblo de Chile, con requisitos profesionales, transparencia, independencia para resolver y reglas que impidan la captura de las elecciones por el dinero y los poderes económicos.

La justicia debe responder a los derechos del pueblo y a la dignidad de las víctimas. Verdad, justicia efectiva y ninguna concesión a la impunidad.

Fuentes: BioBioChile; El Mostrador.

Fotografía histórica referencial: Kena Lorenzini / Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, vía Wikimedia Commons. CC BY-SA 3.0. Imagen recortada y optimizada, distribuida bajo la misma licencia.