Dios, familia y penas rebajadas: la oscuridad moral del poder que gobierna Chile
La rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores y a agentes sentenciados por crímenes de la dictadura desmiente el discurso oficial de orden, familia y protección de las víctimas.
Por Rayen Nahuel Fuentes, PTT Noticias.
El Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, dictó entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre 56 decretos de reducción de condena para personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores: 27 por abuso sexual y 29 por violación. Los datos fueron obtenidos por Interferencia mediante una solicitud de transparencia. El mismo ministro reconoció además beneficios para dos internos de Punta Peuco condenados por violaciones a los derechos humanos; un oficio difundido por la prensa menciona también un tercer decreto relativo a secuestro calificado.
La Ley 21.421, publicada en 2022, excluyó de este beneficio a condenados por delitos sexuales contra menores. El Gobierno sostiene que esa restricción no puede aplicarse retroactivamente a hechos o condenas anteriores y que siguió un criterio jurisprudencial. Sin embargo, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, precisó que los decretos fueron dictados por el ministro dentro de sus facultades y que los tribunales solo pueden pronunciarse cuando reciben una acción judicial. También evitó validar la existencia de una doctrina uniforme sin revisar cada fallo.
Rabat suspendió la tramitación de nuevas rebajas mientras el Ejecutivo anuncia ajustes legales. Esa medida preventiva no revierte los decretos ya emitidos ni aclara cuántos beneficiados recuperaron la libertad. La controversia, por tanto, no se agota en una discusión técnica: exige transparencia sobre cada expediente, los informes considerados, la extensión de cada rebaja y sus efectos concretos.
Para PTT Noticias, la repetición de decisiones administrativas que favorecen a agresores sexuales de menores y a responsables de crímenes de Estado configura una contradicción moral y política intolerable. No es una acusación penal contra las autoridades, sino un juicio editorial sustentado en actos públicos. Un gobierno que invoca a Dios, la familia y la seguridad debe responder por qué su administración alivió castigos a quienes destruyeron familias y vulneraron derechos fundamentales. Las víctimas y la ciudadanía merecen verdad completa, control institucional y responsabilidades políticas, no consignas usadas como escudo.
Fuentes
- Biblioteca del Congreso Nacional: Ley 21.421
- Interferencia: respuesta de Transparencia sobre 56 decretos
- El País Chile: posición de la Corte Suprema y antecedentes de Punta Peuco