Huelgas en San Ignacio y Bradford: educar también exige respetar derechos laborales
La negociación colectiva volvió a poner en primer plano las condiciones laborales en colegios privados. Mientras el sindicato del San Ignacio El Bosque mantenía su huelga, más de 150 trabajadores del Bradford School anunciaron el inicio de otra paralización para este lunes 26 de octubre.
Docentes y asistentes de la educación del Colegio San Ignacio El Bosque comenzaron la huelga el miércoles 21. El viernes 23, 170 de 240 participantes votaron mantenerla, según informó Cooperativa sobre la base de la comunicación sindical. La organización acusa que la fundación sostenedora repitió su propuesta sin abrir una negociación efectiva. La administración no aparece citada con una respuesta detallada en esa publicación, por lo que la denuncia debe entenderse como la posición de los trabajadores.
En Vitacura, el Sindicato del Bradford School informó que hará efectiva la huelga este lunes tras fracasar la mediación ante la Dirección del Trabajo. El gremio agrupa a más de 150 profesores, administrativos y auxiliares. Sus integrantes sostienen que la última oferta no respetaría el piso de la negociación, congelaría remuneraciones y reduciría una gratificación histórica. También plantean discrepancias sobre la información financiera entregada por la corporación. Esas afirmaciones corresponden al sindicato; no constituyen por sí solas una resolución judicial.
La Dirección del Trabajo mantiene publicados sus informes diarios de huelgas legales de octubre. Ese registro oficial confirma que la negociación colectiva no es una anomalía, sino un derecho ejercido en distintos sectores cuando el diálogo no entrega resultados. La afectación de clases no puede utilizarse para responsabilizar automáticamente a quienes paralizan: también debe examinarse la conducta de sostenedores que administran recursos, fijan remuneraciones y deciden cuánto ceden en la mesa.
Ambos conflictos muestran una tensión mayor en la educación privada: comunidades que invocan valores formativos mientras sus trabajadores denuncian falta de escucha y retrocesos contractuales. La salida exige transparencia financiera, respeto al piso negociador y propuestas que protejan el poder adquisitivo.
La solidaridad debe estar con quienes organizan democráticamente sus demandas. Ningún proyecto educativo puede sostenerse sobre salarios congelados, pérdida de beneficios o debilitamiento sindical.