Sacar a los trabajadores del directorio de Codelco: la modernización para encubrir la privatización. ¡Alerta, trabajadores! ¡Alerta, chilenos!
Excluir a los trabajadores de las decisiones sobre Codelco es debilitar una defensa del patrimonio nacional. El proyecto que propone eliminar sus dos representantes del directorio debe encender una alerta que trascienda a la minería: está en juego quién decide sobre una empresa estratégica y al servicio de quién se administra la riqueza de Chile.
El cobre pertenece a una historia de trabajo, organización y soberanía. Por eso, la propuesta de expulsar a los representantes laborales del directorio de Codelco exige una respuesta nacional.
El Boletín N.º 18.653-08 plantea eliminar los dos cupos de los trabajadores, aumentar de tres a cinco los nombramientos directos del Presidente de la República y mantener los cuatro integrantes seleccionados mediante Alta Dirección Pública. Según la información consultada, permanece en primer trámite constitucional: todavía no es ley.
La consecuencia política es clara: los trabajadores perderían representación y el poder presidencial ganaría espacio. Presentar esa sustitución como una mejora técnica oculta una pregunta fundamental: ¿por qué quienes sostienen la producción deben quedar fuera de las decisiones sobre el futuro de la empresa?
Para PTT Noticias, excluir la voz laboral significa debilitar un contrapeso frente a decisiones que pueden comprometer activos, inversiones y orientación estratégica. Nuestra denuncia apunta a ese riesgo: despejar el camino de la participación de los trabajadores puede facilitar nuevas entregas del patrimonio público.
La Federación de Trabajadores del Cobre también ha rechazado la iniciativa y advertido sobre su orientación privatizadora. Esa advertencia corresponde a una posición sindical y política; el proyecto, por sí mismo, no constituye una venta de Codelco. Precisamente por eso, la defensa debe comenzar antes de que cualquier amenaza se transforme en un hecho consumado.
Privatizar es quitarle al pueblo capacidad de decidir
Cuando el Estado vende una empresa estratégica o entrega su explotación por décadas, compromete ingresos futuros y reduce su capacidad de orientar la economía hacia las necesidades colectivas.
La pérdida de soberanía tiene consecuencias concretas: menos capacidad pública para decidir qué producir, cómo industrializar nuestras riquezas, dónde invertir y cómo distribuir sus beneficios.
El país necesita recursos para hospitales, viviendas, educación, pensiones e infraestructura. Cada decisión sobre el cobre, el litio o los servicios esenciales debe responder a esas necesidades. Administrarlos principalmente como oportunidades de rentabilidad privada subordina el desarrollo nacional a intereses que no necesariamente coinciden con los del pueblo.
Por eso resulta inaceptable tratar la participación de los trabajadores como un obstáculo. Su experiencia productiva y su organización deben fortalecer la fiscalización y las decisiones de las empresas públicas.
La responsabilidad no termina en la derecha
La historia de las privatizaciones chilenas no permite absoluciones por identidad partidaria. La dictadura impuso el modelo; gobiernos posteriores de derecha y de la Concertación continuaron distintas formas de venta, concesión y asociación con capitales privados.
No todas esas decisiones fueron iguales. Pero sus responsables deben ser nombrados y sus efectos discutidos.
Augusto Pinochet encabezó la dictadura bajo la cual se privatizó Soquimich. La propia historia corporativa de SQM sitúa el proceso entre 1983 y 1988. Este es un ejemplo concreto de una empresa estatal que pasó a manos privadas bajo el régimen militar.
Patricio Aylwin promulgó en 1992 la Ley 19.137, que permitió disponer de determinadas pertenencias mineras de Codelco y constituir derechos a favor de terceros. La norma excluyó los yacimientos en explotación y aquellos destinados a reposición o expansión directa. Esa delimitación debe explicarse, junto con la apertura que estableció para la participación de otros actores en pertenencias de la estatal.
Eduardo Frei Ruiz-Tagle impulsó la privatización de empresas sanitarias y continuó transferencias de empresas y participaciones estatales en otros sectores. La entrega de servicios esenciales al capital privado también forma parte de la historia de los gobiernos de la Concertación.
Ricardo Lagos continuó la incorporación de operadores privados al sistema sanitario mediante concesiones de explotación por treinta años. Además, durante su gobierno, en 2003, se eliminó la norma que obligaba al Estado a mantener una participación mínima del 35 % en esas empresas. Se debilitó así una protección sobre la propiedad pública remanente.
Sebastián Piñera avanzó sobre esas participaciones remanentes. Su primer gobierno decidió poner en venta acciones estatales en Aguas Andinas, Essal, Esval y Essbio. El propio Ministerio de Hacienda presentó la medida como la etapa final del proceso privatizador iniciado a fines de los años noventa.
Michelle Bachelet también debe ser examinada por las decisiones de su administración sobre el litio. En enero de 2018, durante su segundo gobierno, Corfo y SQM suscribieron un acuerdo que amplió las cuotas de producción y mantuvo el horizonte contractual de 2030. No fue la privatización original de Soquimich: fue una decisión posterior que amplió las posibilidades de explotación de una empresa privada.
Gabriel Boric impulsó la asociación entre Codelco y SQM con horizonte hasta 2060. El acuerdo contempla el 50 % más una acción para Codelco, por lo que describirlo como una venta de la cuprífera sería incorrecto. La crítica política es otra: la decisión de mantener a SQM como socio privado de largo plazo en un recurso estratégico, en lugar de optar por una explotación íntegramente estatal.
Estos antecedentes impiden reducir el problema a una disputa entre derecha y progresismo. El patrimonio nacional debe defenderse frente a cualquier gobierno que reduzca el control público o prolongue la dependencia de intereses privados.
La nacionalización del cobre sigue interpelando al presente
La nacionalización del cobre de 1971, durante el gobierno de Salvador Allende, afirmó una decisión histórica: poner una riqueza fundamental al servicio del país. Su aprobación unánime en el Congreso demostró el alcance nacional que podía adquirir la defensa del cobre.
Recordar ese proceso exige más que homenajes. Exige preguntarse cuánto poder conserva hoy el pueblo sobre sus recursos y qué decisiones se están tomando para fortalecerlo o debilitarlo.
La modernización que Chile necesita debe significar mayor seguridad laboral, inversión, desarrollo tecnológico, transparencia e industrialización. Debe incorporar más participación y fiscalización de los trabajadores.
Modernizar una empresa pública no puede convertirse en una contraseña para vaciarla de control social y preparar nuevas entregas al capital privado.
¡Alerta, trabajadores! ¡Alerta, chilenos!
La defensa de Codelco debe unir a trabajadores de planta y contratistas, organizaciones sindicales, estudiantes, pobladores y pensionados. Lo que ocurra con la empresa compromete posibilidades de desarrollo para todo Chile.
Desde PTT Noticias llamamos a rechazar la eliminación de los cupos laborales, exigir transparencia sobre los activos y asociaciones de la estatal y fortalecer la organización en defensa de nuestros recursos naturales.
Ningún sector político merece un cheque en blanco para decidir a espaldas del pueblo. La soberanía requiere información, participación y capacidad colectiva de intervenir.
El cobre es una riqueza de Chile. Su futuro no puede resolverse silenciando a quienes lo trabajan. Defender Codelco es defender el derecho del pueblo a decidir sobre su patrimonio y su porvenir.
Fuentes consultadas por PTT Noticias: Diario Constitucional; Federación de Trabajadores del Cobre; historia corporativa de SQM; Ley 19.137, BCN; Fiscalía Nacional Económica; estudio histórico del sector sanitario; Ministerio de Hacienda; Cámara de Diputadas y Diputados; Codelco.
Imagen destacada: recreación editorial con IA a partir de una fotografía histórica de Salvador Allende con trabajadores; colorización y fondo contemporáneo. No corresponde a una escena documental del presente.