Sindical

Reajuste del sector público: pliego exige 6,3% nominal y estabilidad laboral




La Mesa del Sector Público-CUT difundió este 14 de noviembre su pliego de negociación 2026: propone un reajuste nominal de 6,3%, equivalente según las organizaciones a un aumento real de 2%, y suma demandas de estabilidad laboral, carrera funcionaria, derechos sindicales y mejores condiciones de trabajo.

Hechos documentados

El documento fue entregado al Gobierno el 4 de noviembre y reúne a 16 organizaciones del sector público. La publicación realizada ayer por la ANEF reactivó su difusión entre las bases sindicales y detalló siete prioridades. El reajuste de 6,3% es una solicitud de los gremios: no constituye un acuerdo ni una cifra concedida por el Ejecutivo.

La propuesta plantea que el financiamiento sea fiscal, íntegro y oportuno. También solicita elevar los ingresos mínimos del Estado por encima del reajuste general y reducir brechas salariales y territoriales. El petitorio incorpora estabilidad en el empleo, carrera funcionaria y medidas contra desvinculaciones arbitrarias.

Demandas sindicales

La agenda incluye libertad sindical, negociación colectiva e indemnidad remuneratoria para dirigentes; avance hacia una jornada de 40 horas; regulación permanente del teletrabajo sin pérdida de ingresos ni intensificación laboral; salud física y mental; equidad de género, corresponsabilidad y cuidados.

Estas materias corresponden a las posiciones de la Mesa del Sector Público-CUT. El Gobierno deberá responderlas en la negociación y cualquier resultado tendrá que distinguirse del pliego inicial. Esa precisión es relevante porque presentar una demanda como beneficio ya obtenido distorsionaría el estado real del proceso.

Servicios públicos y ciudadanía

La discusión salarial no ocurre al margen de la atención ciudadana. Dotaciones inestables, brechas territoriales y sobrecarga laboral repercuten en consultorios, escuelas, municipios, oficinas de seguridad social y servicios que sostienen derechos cotidianos. Al mismo tiempo, el costo fiscal y las prioridades presupuestarias deben ser transparentados para que la negociación sea evaluable.

Enfoque editorial: proteger el poder adquisitivo de quienes trabajan para el Estado y fortalecer los servicios públicos son objetivos relacionados. La negociación debe entregar cifras verificables, compromisos financiados y garantías de que ninguna mejora se implemente a costa de precarizar a contrata, honorarios o territorios con menor capacidad institucional.

Fuentes

Imagen de archivo: movilización por justicia social, Santiago, 2011. Autor: simenon simenon, vía Wikimedia Commons, licencia CC BY-SA 2.0. Uso referencial.

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