Congreso posterga la protección de datos: los derechos digitales esperarán hasta octubre de 2027
El Congreso dejó listo para ley el aplazamiento de la nueva institucionalidad de protección de datos personales: su entrada en vigencia pasará del 1 de diciembre de 2026 al 15 de octubre de 2027. La Cámara aprobó el proyecto el 17 de noviembre por 113 votos a favor, 27 en contra y una abstención, sin introducir cambios al texto despachado por el Senado.
El Ejecutivo argumentó que organismos públicos y empresas necesitan más tiempo para adecuar sus sistemas y conocer los criterios de la futura Agencia de Protección de Datos Personales. El proyecto también aumenta de tres a cinco los integrantes de su Consejo Directivo y obliga a presentar los primeros nombramientos al Senado, a más tardar, nueve meses antes de la nueva fecha.
La explicación administrativa no elimina el efecto concreto: durante casi once meses adicionales quedará pendiente el estándar reforzado de la Ley 21.719. Esa norma reconoce derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo. También permite oponerse a decisiones automatizadas que produzcan efectos jurídicos o afecten significativamente a una persona.
Para trabajadores, la demora importa especialmente. Empresas y plataformas procesan información sobre productividad, ubicación, salud, licencias, asistencia y evaluaciones. Sin una autoridad operativa y con facultades claras, existe una asimetría evidente entre quien recolecta esos antecedentes y quien necesita conocerlos, corregirlos o impugnar su utilización.
Es un hecho que el proyecto no elimina los derechos sustantivos de la nueva ley; posterga su plena aplicación. También es un hecho que la designación inicial de consejeros no se efectuó dentro del calendario originalmente previsto. La valoración del Gobierno —que el plazo permitirá una implementación ordenada— debe contrastarse con una exigencia ciudadana: que el retraso no se transforme en inacción.
Los meses adicionales deben tener metas públicas: nombramientos oportunos, reglamentos, presupuesto, dotación, canales de denuncia y orientación para sindicatos. La protección de datos no es un trámite tecnológico; es una defensa frente a la vigilancia, la discriminación y el uso abusivo de información personal.
