Usar niños para delinquir: más penas sin protección integral dejan una deuda pendiente
La Cámara aprobó por unanimidad el proyecto que sanciona la instrumentalización y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para cometer delitos. La iniciativa pasó al Senado y todavía no es ley. Su avance responde a un problema real, pero especialistas en niñez advierten que castigar a los adultos no basta si el Estado no protege a quienes son captados por organizaciones criminales.
La Sala respaldó el 4 de noviembre, por 142 votos a favor y ninguno en contra, el texto refundido de los boletines 18.282-07 y 18.590-07. La propuesta modifica el Código Penal, amplía agravantes para adultos que utilicen a menores en delitos y crea una sanción autónoma por reclutarlos para organizaciones criminales. Tras completar su primer trámite, corresponde su revisión en el Senado.
El hecho legislativo debe distinguirse de sus efectos futuros: hoy ninguna de estas nuevas penas está vigente. La Cámara inició el debate en mayo y fusionó dos mociones durante la tramitación. El proyecto recibió apoyo transversal y del Ejecutivo.
La Defensoría de la Niñez valoró que la responsabilidad penal se concentre en quienes instrumentalizan a menores, pero formuló una advertencia central: el texto necesita consecuencias concretas de protección para el niño o adolescente utilizado. También recomendó sancionar la captación previa, fortalecer la persecución especializada de las estructuras criminales y coordinar la reforma con el sistema de responsabilidad penal adolescente.
Desde una mirada social, limitar la respuesta al Código Penal sería insuficiente. Las redes delictivas reclutan donde existen abandono escolar, precariedad habitacional, violencia, falta de espacios comunitarios y economías familiares sometidas a empleos inestables. Eso no elimina la responsabilidad individual, pero obliga al Estado a intervenir antes de que la captación ocurra.
La seguridad de barrios y familias trabajadoras necesita investigación criminal eficaz, pero también escuelas abiertas, salud mental, protección de la infancia, empleo digno para los adultos responsables y programas territoriales con recursos permanentes. Si un menor instrumentalizado termina tratado solo como infractor, mientras los organizadores y financistas permanecen ocultos, la política habrá castigado el último eslabón sin desmontar el negocio.
Fuentes: Cámara de Diputadas y Diputados, votación del 4 de noviembre; Cámara, tramitación del boletín 18.282-07; Defensoría de la Niñez, observaciones al proyecto.
