Política

Sala Cuna Universal avanza a tercer trámite: ampliar el derecho exige financiamiento justo




La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este 18 de noviembre el proyecto de Sala Cuna Universal y lo despachó a tercer trámite constitucional. La votación general reunió 132 respaldos y 12 abstenciones, sin votos en contra. La reforma busca superar la regla del artículo 203 del Código del Trabajo, que obliga a financiar sala cuna solo a empresas con veinte o más trabajadoras y que, durante décadas, convirtió la maternidad en un costo asociado casi exclusivamente a la contratación femenina.

El diseño aprobado crea un fondo solidario para extender el beneficio a personas trabajadoras dependientes, independientes y de casa particular que cumplan los requisitos. Según la información entregada por el Ministerio del Trabajo durante la tramitación, el financiamiento considera una cotización de 0,3% con cargo al empleador: 0,15 puntos irían a la cuenta individual de cesantía y 0,15 al nuevo fondo. El Ejecutivo sostiene que el cambio amplía derechos y reduce una barrera de acceso al empleo para las mujeres.

El proyecto también contempla aportes para jardines infantiles vía transferencia de fondos y un suplemento para copagos, con apoyos diferenciados según el Registro Social de Hogares. Esos mecanismos deberán evaluarse con atención: reconocer el derecho en la ley no garantiza por sí solo cupos suficientes, cercanía territorial, infraestructura adecuada ni condiciones laborales dignas para educadoras y técnicas.

Desde una mirada de trabajadores y ciudadanía, el avance es relevante porque distribuye de manera más amplia una responsabilidad social que hoy recae de forma desigual sobre mujeres y familias. Sin embargo, utilizar componentes del seguro de cesantía obliga a transparentar los efectos financieros y demostrar que no disminuirá la protección frente al desempleo. La ampliación tampoco puede transformarse en subsidio permanente a prestadores sin estándares exigibles de calidad.

El tercer trámite deberá resolver las diferencias entre ambas cámaras. La discusión que viene no es solo sobre cobertura: también definirá quién financia el sistema, cómo se fiscaliza, qué papel tendrá la oferta pública y qué condiciones tendrán quienes realizan el trabajo cotidiano de cuidados.

Fuentes

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