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Puerto Exterior llega al Comité de Ministros: empleo y desarrollo exigen garantías ambientales

El Comité de Ministros fue citado este 2 de noviembre para revisar reclamaciones relacionadas con el Puerto Exterior de San Antonio. La decisión puede marcar el futuro de una inversión estratégica, pero todavía no existe una resolución oficial publicada y no corresponde presentarla como aprobada o rechazada.

La tabla oficial del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) incluye al proyecto de la Empresa Portuaria San Antonio junto con recursos del titular y de la participación ciudadana. El tablero del organismo registra reclamaciones aún en tramitación y estima una inversión de US$4.000 millones.

La iniciativa contempla dos terminales capaces de movilizar, en conjunto, hasta seis millones de TEU al año. Según la propia empresa estatal, su construcción requeriría alrededor de 1.100 trabajadores y podría alcanzar un máximo de 2.200 en el período de mayor demanda. En plena operación se proyectan 2.000 empleos adicionales. Son estimaciones del titular, no contratos garantizados ni una evaluación independiente de calidad laboral.

El debate no puede reducirse a escoger entre puestos de trabajo y protección ambiental. Las reclamaciones ciudadanas deben ser examinadas con transparencia, información técnica completa y participación efectiva. Al mismo tiempo, cualquier autorización debe incorporar empleo local con contrato, seguridad, formación, negociación colectiva y mecanismos que impidan que la subcontratación traslade los riesgos a los trabajadores.

San Antonio conoce los beneficios y también las cargas de la actividad portuaria: congestión, contaminación, presión sobre barrios y exposición laboral. Una infraestructura financiada y dirigida por una empresa estatal debe rendir cuentas por ambos lados. La competitividad del comercio exterior no justifica degradar ecosistemas ni convertir a la comunidad en zona de sacrificio.

Si el Comité modifica, confirma o condiciona la calificación ambiental, sus fundamentos deben publicarse íntegramente. La ciudadanía necesita conocer qué medidas serán obligatorias, quién fiscalizará su cumplimiento y qué ocurrirá si las promesas de empleo o mitigación no se materializan.

El desarrollo portuario puede ser una política nacional útil, pero solo será legítimo si distribuye sus beneficios, protege a quienes trabajan y reconoce el derecho de San Antonio a decidir sobre su territorio.

Fuentes: SEA, tabla oficial del Comité de Ministros del 2 de noviembre de 2026; SEA, tablero de recursos de reclamación; Empresa Portuaria San Antonio, proyección de empleo; Empresa Portuaria San Antonio, antecedentes del proyecto.

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