Presupuesto 2027: educación exige inversión, no empleos sacrificados
Organizaciones estudiantiles, docentes y parlamentarios advirtieron este 15 de octubre que el proyecto de Presupuesto 2027 podría trasladar el ajuste fiscal a becas, infraestructura y puestos de trabajo. La propuesta sigue en discusión en el Congreso: no es una ley aprobada.
La Confech, representantes de trabajadores de la educación y legisladores de oposición participaron en la actividad “Ni un peso menos para la educación”. Allí cuestionaron la reducción de recursos para becas de acceso a computadores, educación parvularia, universidades estatales, ciencia e infraestructura escolar, y pidieron reponer partidas durante la tramitación.
Paulina Carvajal, dirigenta del Colegio de Profesoras y Profesores e integrante de la CUT, sostuvo que una disminución de horas financiadas puede traducirse en pérdida de empleos. Laura Mlynarz, vocera de la Confech, afirmó que los recortes terminan afectando a estudiantes, trabajadores y familias. Son advertencias de esas organizaciones y deben ser examinadas con cifras desagregadas por programa y territorio.
El Gobierno, por su parte, ha defendido que el proyecto prioriza la educación inicial y escolar dentro de un escenario de restricción fiscal. Esa explicación merece consideración, pero no basta para justificar reducciones sin detallar qué servicios, contratos y comunidades asumirían el costo. Una prioridad real debe expresarse en recursos suficientes y continuidad laboral, no solo en declaraciones.
Desde una perspectiva de las y los trabajadores, el punto de fondo es quién paga el ajuste. Recortar apoyos tecnológicos o infraestructura profundiza desigualdades que luego deben enfrentar docentes y asistentes con más sobrecarga. Reducir financiamiento universitario o científico también debilita empleos calificados y capacidades públicas construidas durante años.
El Congreso tiene margen para corregir el proyecto. Debe exigir al Ejecutivo información transparente, escuchar a sindicatos y comunidades educativas, y resguardar tanto la continuidad de programas útiles como los derechos laborales. La responsabilidad fiscal no puede convertirse en una fórmula para socializar sacrificios mientras la estructura tributaria sigue protegiendo la concentración de riqueza.
La educación es un derecho social y una inversión colectiva. Su presupuesto debe medirse por la capacidad de garantizar aprendizaje, condiciones dignas de trabajo y acceso igualitario, no por cuánto gasto logra recortarse en una planilla.