Paro del sector público eleva presión por estabilidad, 40 horas y reajuste real
La ANEF informó una jornada nacional de paralización y movilizaciones para exigir estabilidad laboral, cumplimiento de compromisos pendientes y un reajuste salarial superior a la inflación. La magnitud de la asistencia corresponde a la evaluación del gremio y no cuenta, por ahora, con una cuantificación oficial independiente.
En un balance publicado el 1 de noviembre, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) calificó de contundente el paro del sector público. La organización señaló que realizó un punto de prensa en la Tesorería General de la República junto con dirigentes de la CUT, la Asociación de Funcionarios de Tesorería y asociaciones afiliadas, además de desplegar representantes en los ministerios de Agricultura y Hacienda y en el SERNAC.
El gremio concentró sus demandas en tres puntos: revertir el criterio de Contraloría que, según la ANEF, modificó la aplicación de la “confianza legítima” para personal a contrata; cumplir la agenda laboral, incluyendo teletrabajo y reducción de jornada a 40 horas; y otorgar un reajuste de 3% por sobre el IPC acumulado anual. Estas son reivindicaciones sindicales en negociación, no medidas ya acordadas ni resultados confirmados.
Hay antecedentes institucionales para exigir respuestas. El Ministerio de Hacienda informó en 2024 un acuerdo con gremios del sector público que contempló mesas sobre cuidado infantil, seguridad funcionaria, salud mental, 40 horas, teletrabajo y trabajo decente. Una agenda oficial de modernización posterior registró pilotos de teletrabajo en servicios públicos y una evaluación durante 2026. Esos documentos prueban la existencia de compromisos y procesos, pero no resuelven por sí solos la controversia sobre su cumplimiento.
La estabilidad no es un privilegio: sostiene continuidad técnica, atención a usuarios y capacidad estatal. Al mismo tiempo, cualquier reajuste debe discutirse con cifras fiscales transparentes y sin convertir el equilibrio presupuestario en excusa para deteriorar salarios o reemplazar empleos estables por vínculos precarios.
La solidaridad sindical exige diálogo con plazos verificables. Gobierno y gremios deben publicar avances de cada mesa y abrir una negociación efectiva antes de que la incertidumbre laboral termine afectando tanto a funcionarios como a la ciudadanía que depende de los servicios públicos.
Fuentes: ANEF, balance del 1 de noviembre de 2026; Ministerio de Hacienda, acuerdo y agenda de trabajo del sector público; Agenda de Modernización del Estado.
