Criteria: 68% ve pendientes las demandas del 18-O y el Gobierno sigue bajo presión
La medición publicada este domingo muestra que una amplia mayoría considera que las demandas sociales abiertas en 2019 siguen sin respuesta. El dato interpela al Gobierno y a un modelo que continúa subordinando derechos básicos a la capacidad de pago.
La encuesta Agenda Criteria difundida el 18 de octubre registró que un 68% de las personas consultadas cree que las demandas que dieron origen al estallido social permanecen sin resolver. Un 63% afirmó, además, que todavía existen razones para manifestarse. El estudio —realizado mediante un panel en línea y con resultados ponderados— no equivale a una votación ni permite atribuir una opinión uniforme a toda la ciudadanía, pero sí constituye una señal política relevante.
En la misma medición, la aprobación del presidente José Antonio Kast alcanzó 28%, mientras la desaprobación llegó a 60%. Son resultados de una encuesta y no hechos institucionales: describen percepciones de la muestra en un momento determinado. Aun así, la distancia entre ambas cifras sugiere que el Ejecutivo no ha logrado convertir su agenda en respaldo social mayoritario.
Desde la perspectiva de trabajadoras y trabajadores, el punto central no es la popularidad presidencial, sino la persistencia de problemas materiales: salarios que pierden terreno frente al costo de vida, pensiones insuficientes, acceso desigual a salud, vivienda y educación, y relaciones laborales donde el poder empresarial continúa ampliamente concentrado. La promesa neoliberal de que el crecimiento y la inversión terminarían beneficiando a todos vuelve a chocar con una experiencia cotidiana marcada por endeudamiento e inseguridad.
El Gobierno puede discutir la interpretación política del sondeo y destacar sus prioridades de seguridad o crecimiento. Sin embargo, responder al malestar exige políticas verificables: negociación colectiva efectiva, fortalecimiento sindical, mejores salarios, seguridad social suficiente y una tributación capaz de distribuir con justicia la riqueza y las ganancias empresariales.
La conclusión es analítica, no un dato de la encuesta: mientras las respuestas públicas privilegien la disciplina fiscal y la rentabilidad privada por sobre el bienestar, las causas sociales seguirán abiertas. El orden democrático se fortalece garantizando derechos y canales de participación, no tratando la protesta como un problema policial.