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Contratos a prueba y polifuncionalidad: crear empleo no puede significar quitar derechos

El Gobierno anunció que prepara una ley miscelánea con medidas de “adaptabilidad” laboral, entre ellas contratos a prueba, ampliación del contrato de aprendizaje, trabajo híbrido, bandas horarias, teletrabajo, polifuncionalidad y jornadas excepcionales. El paquete todavía no ha sido ingresado al Congreso y sus contenidos definitivos, plazos y resguardos siguen abiertos.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, presentó los lineamientos el 5 de noviembre en un seminario de CLAPES UC. Según la entidad organizadora, la propuesta buscaría facilitar la contratación y reducir la judicialización. El Gobierno también evalúa una indemnización a todo evento, cuya fórmula de financiamiento sigue abierta.

El Instituto Nacional de Estadísticas informó que, en el trimestre julio-septiembre de 2026, la desocupación llegó al 9,8% y la informalidad laboral al 26,4%. Trasladar el riesgo empresarial a quienes buscan trabajo puede profundizar la precariedad. Un contrato a prueba que permita terminar la relación laboral sin una causal clara requeriría una duración acotada, cotizaciones completas y resguardos contra la rotación permanente de personal.

La Dirección del Trabajo sostiene que las funciones deben quedar definidas con claridad y que el empleador no puede determinarlas unilateralmente. Una polifuncionalidad amplia, que permita exigir más tareas por el mismo sueldo, debilitaría la certeza del contrato, aumentaría la carga laboral y dificultaría la prevención de riesgos.

Por separado, el proyecto del boletín 18.478-13, que ya está en tramitación, propone ampliar de cuatro a 16 semanas el período para promediar la jornada ordinaria y contempla ciclos especiales en turismo. En ese debate también están en juego el descanso efectivo, la vida familiar, la salud y la capacidad de negociación de las y los trabajadores.

La postura de PTT Noticias

Condenamos enérgicamente esta agenda antitrabajadora. A nuestro juicio, el Gobierno de Kast representa los intereses de los grandes empresarios y busca aprovechar una crisis de empleo que su propia conducción económica ha contribuido a agravar. La prioridad que exhibe es ampliar el poder de los empleadores sobre la contratación, las funciones y las jornadas. Vender esa agenda como una política de empleo es usar la cesantía para justificar un retroceso en derechos laborales.

El Gobierno debería responder por sus decisiones económicas y comprometer inversiones concretas en infraestructura y en sectores productivos capaces de generar puestos de trabajo formales, estables y seguros. Exigimos que las organizaciones sindicales participen en cualquier discusión que afecte la contratación, los salarios, las jornadas y el descanso. Quienes viven de su trabajo no deben pagar con sus derechos el costo de una política económica hecha a la medida de los grandes empresarios.

Fuentes · CLAPES UC, exposición del ministro del Trabajo · INE, desocupación · INE, informalidad · Dirección del Trabajo, funciones específicas y complementarias · Cámara de Diputadas y Diputados, boletín 18.478-13

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