Política

Embajadas bajo debate: nombramientos políticos llegan al 35% y tensionan la carrera diplomática

La asociación de diplomáticas y diplomáticos de carrera alertó que las designaciones ajenas al Servicio Exterior alcanzan el 35%. La facultad presidencial es legal, pero el avance de criterios políticos sobre el mérito reabre una discusión institucional que afecta a quienes construyen una carrera pública.

La Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera (ADICA) expresó el 29 de octubre su preocupación por los nombramientos de Juan Carlos Canepa como embajador en Italia y Ricardo Navarrete en Colombia. Según el gremio, con estas designaciones las personas ajenas a la carrera diplomática representan un 35% de las jefaturas de misión, frente a un 65% de funcionarios de carrera.

El hecho comprobado es que el Presidente de la República tiene la atribución constitucional de designar embajadores. ADICA reconoce esa potestad. Su denuncia, que debe atribuirse al gremio y no presentarse como conclusión oficial, es que la proporción actual rompe el equilibrio histórico de 80% de embajadores de carrera y 20% de nombramientos políticos, debilitando la experiencia acumulada, la movilidad funcionaria y el acceso a las máximas responsabilidades sobre la base del mérito.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó previamente las designaciones y los antecedentes profesionales de ambos nombrados. Canepa es abogado con trayectoria privada y vínculos con instituciones chileno-italianas; Navarrete es ingeniero comercial, exsenador y ya fue embajador en Colombia entre 2014 y 2018. Esos antecedentes permiten evaluar sus trayectorias, pero no los convierten en funcionarios de carrera formados en la Academia Diplomática.

Desde una perspectiva laboral, el problema excede una disputa corporativa. Cuando cargos especializados del Estado se reparten crecientemente por confianza política, se estrechan las posibilidades de ascenso de trabajadores que ingresaron por concurso y acumularon años de formación y servicio. También se arriesga continuidad institucional en una política exterior que debe representar intereses permanentes del país, no premiar cercanías partidarias.

La salida democrática no es negar toda conducción política, sino fijar límites transparentes, justificar públicamente las excepciones y proteger una mayoría clara de nombramientos de carrera. El mérito en el Estado no puede invocarse para exigir sacrificios a los funcionarios y abandonarse cuando se distribuyen los puestos de mayor poder.

Fuentes: ADICA: regla 80/20 y profesionalización; 24 Horas: declaración actual de ADICA; BCN: Constitución Política vigente; antecedentes informados por Cancillería.

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