Sudán: ataque con dron contra familias desplazadas deja decenas de muertos
Un ataque contra personas que ya habían huido de la guerra volvió a mostrar el costo civil del conflicto sudanés. Los balances son preliminares y la responsabilidad denunciada aún no ha sido respondida por el grupo señalado.
Un dron alcanzó el viernes 9 de octubre una concentración de familias desplazadas en Abu Shandi, estado del Nilo Azul, cerca de la frontera de Sudán con Etiopía. La organización Emergency Lawyers informó este sábado que murieron 41 personas, entre ellas ocho niños y numerosas mujeres. Informaciones preliminares de Naciones Unidas habían situado el balance en al menos 31 fallecidos, por lo que la cifra puede variar mientras se verifican los antecedentes.
Emergency Lawyers atribuyó el ataque a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), organización paramilitar enfrentada desde 2023 con las Fuerzas Armadas sudanesas. Associated Press señaló que un portavoz de las RSF no respondió a una solicitud de comentarios. Por tanto, la autoría es una acusación atribuida y no una conclusión independiente confirmada.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU expresó consternación y su coordinadora en Sudán, Denise Brown, exigió rendición de cuentas por lo que calificó como un desprecio al derecho internacional humanitario. No basta condenar: atacar a población desplazada destruye nuevamente hogares, redes comunitarias y medios de subsistencia de quienes ya perdieron casi todo.
La tragedia ocurre dentro de una crisis mucho mayor. Datos citados por AP indican que más de 12,4 millones de personas han debido abandonar sus hogares. El Programa Mundial de Alimentos estima que casi 19,5 millones enfrentan hambre aguda y que 825.000 niños menores de cinco años podrían sufrir desnutrición aguda severa durante 2026.
Para las trabajadoras y trabajadores sudaneses, la guerra significa salarios perdidos, mercados destruidos, cosechas interrumpidas y dependencia de una ayuda que no siempre puede llegar. Ninguna disputa por el control del Estado justifica convertir a civiles en objetivo. Se requiere un cese de hostilidades, acceso humanitario seguro y sostenido, investigación independiente y responsabilidades efectivas para todos los autores de ataques.