Presupuesto 2027: el Congreso debe impedir que el ajuste cierre Prodemu
Detrás del debate sobre el eventual cierre de Prodemu hay mujeres que necesitan oportunidades para construir una vida más autónoma, trabajadoras que sostienen ese acompañamiento y familias que podrían sufrir sus consecuencias. La discusión del Presupuesto 2027 exige mirar sus vidas antes de decidir qué recursos se recortan.
Para una mujer que busca generar ingresos propios, acceder a formación puede representar el comienzo de una mayor independencia económica. Para quien ha dedicado años al cuidado de otros, puede abrir una oportunidad de retomar sus proyectos. Y para quien enfrenta aislamiento, un espacio de participación puede ayudar a construir redes y encontrar respaldo. Son necesidades que no desaparecen cuando se elimina una partida presupuestaria.
En situaciones de violencia, la autonomía económica puede contribuir a ampliar las posibilidades de salir de una relación de dependencia, junto con la protección y atención especializada necesarias. Por eso, el apoyo al desarrollo de las mujeres debe ser comprendido como parte de una responsabilidad pública sostenida: sus proyectos de vida merecen continuidad, no una nueva barrera.
El proyecto de Presupuesto 2027 contempla recursos operacionales para la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer hasta el 31 de marzo y autoriza gastos vinculados a su cierre, liquidación y disolución. No es una decisión legal definitiva: el proyecto sigue en tramitación y el Congreso puede modificar la partida.
Radio Bío Bío informó este 10 de octubre que parlamentarios oficialistas justificaron el término de programas, mientras el Partido de la Gente condicionó su respaldo al presupuesto por recortes como los de Prodemu y “Yo elijo mi PC”. La discusión confirma que el ajuste no es solo técnico: decide qué servicios continúan y quién soporta el costo.
El sindicato de Prodemu sostiene que la fundación trabaja anualmente con cerca de 55.000 mujeres y rechaza que las responsabilidades financieras se descarguen sobre las trabajadoras. Distintos reportes sitúan en 380 los empleos comprometidos. El Ministerio de la Mujer ha invocado la situación financiera de la entidad y problemas heredados de administraciones anteriores; esas explicaciones deben ser contrastadas en el Congreso con balances, auditorías y participación sindical.
El origen de esta amenaza tiene una responsabilidad política concreta: el Gobierno de José Antonio Kast presentó una propuesta presupuestaria que limita la operación de Prodemu y contempla su cierre. Invocar problemas financieros no convierte esa salida en inevitable. La decisión de retirar el apoyo debe ser defendida por quienes la impulsan, explicando por qué descartan alternativas de saneamiento y continuidad. El Congreso, a su vez, deberá responder por lo que finalmente apruebe.
También corresponde esclarecer cómo se llegó a la crisis. La ministra Judith Marín atribuye el deterioro financiero a la administración anterior; la presidenta del sindicato, Fabiola Cayla, cuestiona esa explicación y apunta a decisiones administrativas y dificultades del traspaso institucional. Son versiones que requieren balances, auditorías y antecedentes verificables. No corresponde convertir una denuncia en una culpabilidad probada, ni hacer que las trabajadoras y las mujeres participantes paguen por decisiones de gestión que no tomaron.
El costo humano puede extenderse mucho más allá del término de un taller. Si una mujer pierde una oportunidad de formación o de desarrollar una actividad económica, su hogar puede enfrentar mayores dificultades para sostener gastos cotidianos. Para quienes viven lejos de los centros urbanos, buscar otro servicio puede exigir dinero para transporte, tiempo y una solución para el cuidado de familiares. Una derivación en el papel no garantiza que ese apoyo sea realmente accesible.
La interrupción también puede debilitar redes de confianza: compañeras con quienes compartir dificultades, equipos que conocen el territorio y espacios donde recuperar seguridad para participar y tomar decisiones. Estos son riesgos sociales del eventual cierre, no testimonios individuales recogidos por esta nota. En mujeres que enfrentan dependencia económica o violencia, perder oportunidades de autonomía puede añadir obstáculos a una situación que ya requiere protección especializada.
Cerrar una institución no corrige por sí mismo una mala gestión. Si hubo irregularidades, deben investigarse y establecerse responsabilidades. Desde nuestra mirada editorial, trasladar el ajuste a las comunidades y a los equipos que las acompañan profundiza la precariedad. Antes de desmantelar esa capacidad, el Gobierno debe demostrar cómo garantizará una atención equivalente, cercana y financiada. Una indemnización laboral no reemplaza el apoyo que una comunidad podría perder.
La incertidumbre también alcanza a quienes trabajan en la fundación. Detrás de cada empleo hay una familia y una experiencia acumulada de trabajo con las comunidades. Perder esos equipos puede debilitar vínculos de confianza que requieren tiempo para construirse y que importan cuando una mujer se acerca a pedir orientación o apoyo.
Prodemu debe ser evaluado, fortalecido y mejorado donde corresponda, escuchando a sus participantes y a sus trabajadores. Antes de retirar sus recursos, las autoridades deben explicar cómo asegurarán la continuidad efectiva de la atención, con responsables, financiamiento y acceso territorial definidos. Una eventual reorganización no debe dejar a las mujeres esperando ni obligarlas a empezar de cero.
El Congreso debe exigir continuidad laboral, protección de las usuarias y una solución financiera transparente. El presupuesto todavía puede cambiar; por eso, escuchar al sindicato y a las mujeres atendidas antes de votar es una obligación democrática. La responsabilidad es concreta: que el ajuste no cierre oportunidades a quienes necesitan acompañamiento para construir una vida más libre, autónoma y digna.