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Informe político y social – Septiembre de 2026

A poco más de seis meses del inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast, Chile enfrenta un escenario económico y social que debe ser observado especialmente desde la realidad de quienes viven de su trabajo.

El aumento del costo de la vida, la reactivación de proyectos destinados a flexibilizar las relaciones laborales, el estudio de modificaciones al sistema de indemnizaciones y los recortes presupuestarios aplicados al sistema público de salud configuran un escenario que, desde la perspectiva del Partido de las Trabajadoras y los Trabajadores (PTT), resulta preocupante y perjudicial para amplios sectores de trabajadores y sus familias.

Este informe distingue expresamente entre leyes aprobadas, proyectos en tramitación, propuestas gubernamentales y posiciones políticas. No todas las medidas analizadas son actualmente leyes.

Contrato por horas: un proyecto de 2018 reactivado en 2026

Uno de los principales proyectos actualmente discutidos es el que modifica el Código del Trabajo para crear el denominado contrato laboral por horas, correspondiente al Boletín N.º 11.929-13.

La iniciativa no fue creada originalmente por el actual Gobierno. Fue presentada en 2018 mediante una moción de los entonces senadores Andrés Allamand, Rodrigo Galilea, José García Ruminot, Rafael Prohens y Kenneth Pugh.

Después de años sin avances significativos, su tramitación fue reactivada durante 2026 con el patrocinio del Ejecutivo encabezado por el presidente José Antonio Kast.

Los registros oficiales del Senado confirman que el proyecto volvió a ser estudiado durante julio, agosto y septiembre de 2026 y que el ministro del Trabajo, Tomás Rau, junto con autoridades de su cartera, ha participado en su tramitación.

La propuesta permitiría contratar servicios por una cantidad determinada de horas, hasta un máximo de 30 horas semanales o 120 mensuales. El proyecto contempla además determinadas garantías, entre ellas el pago de al menos el 75% de las horas acordadas aunque el empleador no utilice todas las horas planificadas.

El Gobierno presenta esta modalidad como una forma de formalizar trabajos discontinuos y aumentar las oportunidades laborales.

Desde la perspectiva del PTT, sin embargo, existe el riesgo de que una mayor flexibilidad contractual termine trasladando al trabajador parte del riesgo empresarial.

Para una familia que depende de un salario, la estabilidad y previsibilidad del ingreso constituyen elementos fundamentales de seguridad económica.

Indemnización a todo evento: una reforma todavía en estudio

Otro tema incorporado a la agenda laboral del Gobierno es una posible modificación del actual sistema de indemnización por años de servicio.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, confirmó públicamente en junio de 2026 que el Gobierno estaba estudiando alternativas para avanzar hacia una indemnización a todo evento.

Una de las fórmulas analizadas contemplaba una cotización adicional del empleador destinada al Seguro de Cesantía. El propio ministro señaló que una alternativa estudiada había considerado una cotización adicional del 1,8%, aunque también aclaró que la fórmula todavía estaba en evaluación.

Por lo tanto, a septiembre de 2026 no corresponde presentar esta propuesta como una ley aprobada.

Desde la perspectiva del PTT, cualquier modificación de esta naturaleza debe evaluarse cuidadosamente.

Una indemnización disponible incluso cuando el trabajador renuncia puede representar una ventaja en determinadas circunstancias. Sin embargo, sería negativo que una reforma terminara reduciendo significativamente la protección económica que actualmente recibe un trabajador despedido después de muchos años de servicio.

Para el PTT, modernizar las relaciones laborales no puede significar quitar derechos adquiridos.

Sala Cuna Universal: un derecho necesario, pero con debate sobre su financiamiento

Otro proyecto relevante es Sala Cuna Universal, correspondiente al Boletín N.º 14.782-13.

Se trata de una iniciativa anterior al actual Gobierno. Durante 2026, el gobierno del presidente José Antonio Kast presentó una indicación sustitutiva y convirtió el proyecto en una de sus prioridades legislativas.

El proyecto busca eliminar la actual exigencia de que solamente las empresas con 20 o más trabajadoras deban proporcionar sala cuna. También pretende extender el beneficio a padres, personas cuidadoras y determinados trabajadores independientes.

El 8 de septiembre de 2026, el Senado aprobó el proyecto y lo despachó a su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Para el PTT, ampliar el acceso a sala cuna constituye un avance social.

La discusión necesaria está en cómo se financia y en garantizar que la ampliación de este derecho no signifique debilitar otras protecciones destinadas a los propios trabajadores.

Proyecto de Reconstrucción Nacional

A esta agenda se suma el proyecto denominado “Para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social”, correspondiente al Boletín N.º 18.216-05.

A diferencia del contrato por horas, esta iniciativa sí nació directamente del actual Ejecutivo.

Ingresó mediante mensaje presidencial el 22 de abril de 2026, figurando oficialmente el Ministerio de Hacienda como autor institucional. Durante su tramitación ha pasado por la Cámara de Diputadas y Diputados, el Senado y otras instancias del proceso legislativo.

El presidente José Antonio Kast presentó esta iniciativa como una pieza de su estrategia económica y laboral, vinculándola al crecimiento económico y a la creación de empleo.

Desde el PTT sostenemos que el crecimiento económico es indispensable, pero discrepamos de una concepción según la cual mejorar la competitividad necesariamente requiere aumentar la flexibilidad laboral o reducir mecanismos de protección.

Chile necesita inversión y empresas capaces de crecer.

Pero también necesita trabajadores con estabilidad, buenos salarios, negociación colectiva y protección social.

Ambas cosas no son incompatibles.

El costo de la vida: 3,6% de inflación acumulada en 2026

Mientras estas reformas se discuten, existe otra realidad que afecta directamente el bolsillo de las familias.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante agosto de 2026 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 0,6%.

Con ello, la inflación acumulada entre enero y agosto alcanzó 3,6%, mientras que la variación en doce meses llegó a 4,1%.

Durante agosto, los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 1,4%, mientras que transporte registró un incremento de 1,6%.

Estas cifras importan porque alimentos y transporte representan gastos difíciles de evitar para una familia trabajadora.

Un aumento de 3,6% del IPC acumulado no significa que todos los productos hayan subido exactamente ese porcentaje. Algunas categorías aumentan más y otras menos.

Pero sí significa que, en términos generales, durante 2026 se ha producido una pérdida del poder adquisitivo del dinero.

Para quien vive exclusivamente de su sueldo, cada aumento en alimentación, transporte, vivienda o servicios básicos reduce los recursos disponibles para cubrir las demás necesidades familiares.

Salud pública: más de $413 mil millones en recortes

Uno de los antecedentes que más preocupa al PTT se encuentra en el sistema público de salud.

Documentos oficiales de fiscalización de la Cámara de Diputadas y Diputados registran una reducción superior a $413 mil millones en el presupuesto del Ministerio de Salud, establecida mediante el Decreto N.º 333 de 2026.

Antecedentes presentados ante la Cámara sitúan específicamente el ajuste en aproximadamente $413.193 millones, equivalente a cerca del 2,4% del presupuesto de Salud contemplado para 2026.

La fiscalización parlamentaria ha solicitado determinar los posibles efectos de estas reducciones sobre las listas de espera, especialistas, cirugías, medicamentos, insumos y funcionamiento hospitalario.

El 10 de junio de 2026, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó además un acuerdo expresando formalmente al Presidente de la República su preocupación por los recortes establecidos mediante el Decreto N.º 333 y sus posibles consecuencias sobre la atención primaria, la red hospitalaria pública y la continuidad de las prestaciones sanitarias.

Casi tres millones de registros en listas de espera

El ajuste presupuestario adquiere una dimensión todavía más delicada cuando se observa la situación de las listas de espera.

Según cifras oficiales del Ministerio de Salud, al 31 de marzo de 2026 existían 2.971.312 registros en listas de espera No GES.

De ellos, 2.513.203 correspondían a consultas de nueva especialidad, incluyendo odontología.

Otros 458.109 registros correspondían a cirugías.

Traumatología, cirugía digestiva, dermatología y odontología concentraban conjuntamente el 60,5% de los registros.

Detrás de estas cifras no existen simplemente números administrativos.

Existen personas esperando una operación, un especialista, un diagnóstico o un tratamiento.

Por rigurosidad, es importante establecer una diferencia: no se puede afirmar que toda persona que fallezca mientras está en una lista de espera haya muerto necesariamente como consecuencia directa de esa espera. Para establecer esa causalidad se requiere evaluar clínicamente cada caso.

Pero tampoco puede ignorarse que retrasar determinados diagnósticos, tratamientos e intervenciones puede empeorar el pronóstico de algunos pacientes.

Desde la perspectiva del PTT, reducir recursos destinados al sistema público cuando existen millones de prestaciones pendientes constituye una política equivocada.

La salud pública no puede analizarse solamente como un gasto fiscal.

Para una persona esperando una operación, el tiempo también importa.

¿Cuántas leyes contra los trabajadores existen?

En este punto debemos ser especialmente rigurosos.

No sería correcto afirmar que durante los primeros meses del gobierno de José Antonio Kast se aprobaron una determinada cantidad de “leyes contra los trabajadores”, porque esa formulación mezclaría hechos legislativos con una interpretación política.

Lo que sí podemos documentar es la existencia de varios frentes legislativos y gubernamentales relacionados directamente con las condiciones laborales y sociales.

Entre ellos se encuentran el contrato por horas, reactivado durante el actual Gobierno; la propuesta de indemnización a todo evento, todavía en estudio; Sala Cuna Universal y la discusión sobre su financiamiento; el Proyecto de Reconstrucción Nacional; y decisiones presupuestarias como el recorte aplicado al sector salud.

Cada iniciativa se encuentra en una etapa distinta y debe ser evaluada por sus contenidos concretos.

El PTT considera que aquellas medidas que transfieren mayor inseguridad económica al trabajador, debilitan derechos laborales o reducen recursos destinados a servicios públicos esenciales representan una orientación negativa para el mundo del trabajo.

Esa es nuestra valoración política.

Los proyectos legislativos, las cifras presupuestarias y los indicadores económicos constituyen los antecedentes verificables sobre los cuales fundamentamos esa posición.

La posición del Partido de las Trabajadoras y los Trabajadores

Para el Partido de las Trabajadoras y los Trabajadores, Chile necesita crecimiento económico, inversión, emprendimiento y creación de empleos.

Pero existe una pregunta fundamental:

¿Quién recibe los beneficios del crecimiento y quién asume sus costos?

No proponemos eliminar la propiedad privada. Sostenemos que la actividad económica debe desarrollarse dentro de reglas que permitan una distribución más equitativa de la riqueza generada entre capital y trabajo.

Una empresa debe tener derecho a invertir, desarrollarse y obtener ganancias.

Pero un trabajador también debe tener derecho a recibir un salario digno, organizarse sindicalmente, negociar colectivamente, disponer de estabilidad laboral y acceder a salud, educación y seguridad social.

La modernización económica no puede consistir simplemente en entregar mayor flexibilidad al empleador y mayor incertidumbre al trabajador.

Tampoco consideramos aceptable que el equilibrio fiscal se busque reduciendo recursos destinados a hospitales cuando existen casi 3 millones de registros en listas de espera No GES, incluidos más de 458 mil correspondientes a cirugías.

Mientras el IPC acumula un aumento de 3,6% durante 2026, y alimentos y transporte continúan presionando el presupuesto familiar, las políticas públicas deben considerar que detrás de cada porcentaje existe una familia tratando de llegar a fin de mes.

Chile necesita otra dirección

El PTT propone un desarrollo económico donde los trabajadores sean protagonistas y no una variable de ajuste.

Queremos crecimiento productivo, inversión y empresas capaces de desarrollarse, pero acompañados de salarios dignos, empleo estable, fortalecimiento de la negociación colectiva, protección de la organización sindical, salud pública suficientemente financiada y una distribución más justa de la riqueza.

El trabajador no es solamente un costo dentro de una planilla empresarial.

Es quien construye, transporta, enseña, atiende hospitales, produce alimentos, mantiene las ciudades funcionando y genera diariamente buena parte de la riqueza del país.

Por eso, frente a las reformas laborales, el aumento del costo de la vida y los recortes en áreas sociales fundamentales, la posición del Partido de las Trabajadoras y los Trabajadores es clara:

Chile necesita crecer, pero ese crecimiento no puede construirse a costa de quienes viven de su trabajo.

Fuentes consultadas

Senado de la República de Chile. Tramitación y antecedentes del proyecto sobre contrato laboral por horas, Boletín N.º 11.929-13.

Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Tramitación del proyecto “Para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social”, Boletín N.º 18.216-05.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Antecedentes y tramitación de Sala Cuna Universal.

Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Índice de Precios al Consumidor, agosto de 2026.

Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Antecedentes de fiscalización relativos al Decreto N.º 333 de 2026 y reducción presupuestaria del Ministerio de Salud.

Ministerio de Salud. Información oficial sobre listas de espera No GES al 31 de marzo de 2026.

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