Ley 21.850: reconstrucción necesaria, rebaja tributaria permanente para las empresas
La Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social fue publicada el 17 de octubre. Aporta recursos urgentes para territorios afectados por incendios, pero los mezcla con rebajas empresariales permanentes y garantías a grandes inversiones que merecen una fiscalización pública estricta.
El Diario Oficial confirmó que la Ley 21.850 ya fue promulgada y publicada. La norma amplía hasta $1,2 billones el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios e incorpora a Ñuble y Biobío, además de Valparaíso. El texto exige informes trimestrales sobre ejecución, familias beneficiadas y avance de obras, una obligación que debe traducirse en control ciudadano y no quedar como simple trámite administrativo.
La reconstrucción es indispensable y no admite más demoras. Viviendas definitivas, escuelas, infraestructura comunitaria y empleos locales deben ser la prioridad. Sin embargo, el Gobierno incorporó en la misma ley una agenda económica mucho más amplia: la tasa general del impuesto de primera categoría bajará gradualmente del 27% al 23% entre los años comerciales 2026 y 2029. También se crea invariabilidad tributaria por 10 a 20 años para inversiones extranjeras desde US$50 millones.
Estos datos son hechos establecidos en la ley. La conclusión política es distinta: reducir de manera permanente la tributación empresarial mientras salud, educación y empleo público enfrentan restricciones presupuestarias profundiza una distribución desigual del esfuerzo fiscal. El Ejecutivo sostiene que los incentivos impulsarán inversión y crecimiento; esa promesa debe medirse mediante empleos estables, salarios dignos, encadenamientos productivos y recaudación efectiva, no solo por rentabilidad privada.
La norma también contempla una exención temporal de IVA para la primera venta de determinadas viviendas nuevas y elimina las contribuciones de la vivienda principal de adultos mayores que cumplan los requisitos. Son alivios que pueden beneficiar a hogares, pero requieren transparencia sobre quiénes concentran los mayores beneficios y cómo se compensará a los municipios.
Reconstruir debe significar reparar derechos y territorios. El Congreso, la Contraloría y las organizaciones sociales tienen que vigilar cada peso, impedir que la urgencia sea usada para debilitar controles ambientales y exigir que las ventajas tributarias tengan contrapartidas laborales concretas.