Paro del sector público: el ajuste fiscal no puede pagarse con inestabilidad laboral
La movilización nacional de las y los funcionarios públicos puso en el centro una disputa política que el proyecto de Presupuesto 2027 no puede esconder: equilibrar las cuentas fiscales no autoriza a debilitar el empleo estatal ni a reducir derechos.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) informó que el sábado 10 de octubre se realizó un paro nacional en defensa del empleo público, con manifestaciones territoriales y una concentración en la Alameda. La organización inició la jornada con un punto de prensa en la Tesorería General de la República, junto a la CUT, la Asociación de Funcionarios de Tesorería y dirigentes de sus asociaciones afiliadas.
Las demandas planteadas por la ANEF fueron tres: revertir el dictamen de Contraloría que, según el gremio, modifica el principio de “confianza legítima”; cumplir la agenda laboral pendiente —incluidos teletrabajo y reducción de la jornada a 40 horas—; y otorgar un reajuste salarial de 3% por sobre el IPC acumulado anual. Estas son posiciones sindicales expresamente atribuidas: la organización calificó la participación como masiva, pero no publicó una cifra nacional independiente de adhesión.
El conflicto ocurre mientras el Congreso estudia el Presupuesto 2027. Hacienda ha defendido una trayectoria que busca reducir el déficit estructural y mantener la deuda bruta del Gobierno Central bajo un ancla de 45% del PIB, junto con “racionalizar” el gasto. La sostenibilidad fiscal es una obligación pública; convertirla en sinónimo de precariedad, pérdida salarial o servicios debilitados es una decisión política.
Cuando faltan funcionarios, aumentan las listas de espera, se atrasan trámites y la ciudadanía termina pagando dos veces: con impuestos y con servicios insuficientes. Además, un reajuste que solo iguala o queda bajo la inflación no constituye una mejora, sino una pérdida del poder adquisitivo de quienes sostienen hospitales, escuelas, fiscalización y atención social.
El Gobierno debe transparentar el costo de cada recorte, negociar con las organizaciones y asegurar estabilidad laboral. La eficiencia no se construye castigando a quienes trabajan, sino cerrando espacios de abuso, fortaleciendo capacidades públicas y financiando el bienestar con una distribución tributaria justa.