Quiroz y las pensiones: una canallada contra quienes trabajaron toda su vida
Hacienda insiste en postergar hasta 2028 el aporte estatal al fondo previsional, pese al criterio de la Superintendencia de Pensiones respaldado por Contraloría, que establece su inicio en 2027.
Opinión editorial · PTT Noticias · 18 de noviembre de 2026
Hay decisiones políticas que merecen una condena sin eufemismos. Mantener fuera del presupuesto recursos destinados a respaldar mejores pensiones, mientras los adultos mayores enfrentan cuentas, medicamentos y alimentos cada vez más difíciles de pagar, es una canallada. Esa es la responsabilidad política que debe enfrentar el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
El martes 17 de noviembre, durante el debate presupuestario en el Senado, parlamentarios de oposición denunciaron que el Ejecutivo no incorporó cerca de US$160 millones para el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP). Hacienda sostiene que el primer aporte corresponde en 2028; la Superintendencia de Pensiones y la Contraloría han situado su inicio en 2027.
Según informó Diario Financiero, el oficio de la Superintendencia del 9 de noviembre estableció que 2025 constituye el primer año del cronograma, 2026 el segundo y 2027 el tercero. El dictamen de Contraloría del 11 de noviembre recogió ese criterio.
Sin embargo, Quiroz mantuvo sus reparos y anunció una nueva consulta a la Superintendencia. El ministro aseguró que cumplirá la ley y que los recursos estarán garantizados una vez aclarada la discrepancia. Esa explicación debe confrontarse con un hecho político: al momento del debate, el aporte seguía sin incorporarse.
El FAPP financia prestaciones del Seguro Social Previsional, entre ellas el beneficio por años cotizados y la compensación para mujeres por diferencias de expectativa de vida. Discutir su financiamiento significa discutir el respaldo de beneficios concretos para quienes han trabajado y cotizado.
Lo verificado es la exclusión del aporte del proyecto presupuestario; no se ha demostrado con estos antecedentes una rebaja de las pensiones ya pagadas.
Desde esta posición editorial, es canallesco convertir la seguridad previsional de los trabajadores en una disputa que prolonga la incertidumbre sobre recursos comprometidos. Los jubilados no pueden quedar esperando que Hacienda encuentre una interpretación de su agrado.
Senadores de oposición advirtieron que podrían impulsar una acusación constitucional si persiste la omisión. Esa advertencia debe traducirse en fiscalización efectiva y exigencias verificables.
Sindicatos, agrupaciones de pensionados, organizaciones de mujeres y Asambleas Comunales deben exigir que el financiamiento previsional se respete. Una jubilación digna es un derecho, y defenderla requiere unidad y movilización.
Registro audiovisual de la denuncia
Créditos del video y del fotograma utilizado en la imagen destacada: senadora Daniella Cicardini (@daniellacicardini). Imágenes de la transmisión de TV Senado.
