Caso Rabat llega a acusación constitucional: 56 decretos exigen respuestas de Estado
La oposición ingresó una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condena concedidas mediante 56 decretos. La Cámara ya había pedido agotar las vías legales para dejarlos sin efecto, pero las infracciones imputadas todavía no han sido acreditadas ni resueltas por el Congreso.
Qué está comprobado
El 28 de octubre, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 74 votos a favor, 35 en contra y 10 abstenciones la Resolución N.º 281. El texto solicita al Presidente instruir al Ministerio de Justicia para evaluar la revocación o invalidación de 56 decretos que autorizaron rebajas de pena a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. La resolución parlamentaria es una solicitud política e institucional; no equivale, por sí sola, a una sentencia ni establece responsabilidad penal.
Cinco días antes, el Ministerio de Justicia había suspendido la tramitación de nuevos decretos. Su versión oficial sostiene que existía una diferencia de interpretación sobre la aplicación temporal de las restricciones aprobadas en 2022. La cartera anunció proyectos con discusión inmediata, participación de víctimas y tribunales de ejecución de penas.
Qué denuncia la oposición
El 12 de noviembre, diez diputadas y diputados opositores presentaron una acusación constitucional de tres capítulos. Según sus promotores, Rabat habría infringido la Constitución y las leyes al conceder beneficios, desatender el interés superior de niños y niñas y entregar información inexacta al Congreso. Esas son imputaciones del libelo, no hechos judicialmente establecidos. El Gobierno las rechaza y sostiene que el ministro actuó conforme a derecho. La Cámara deberá declarar si la acusación procede y, solo en ese caso, el Senado actuaría como jurado.
Responsabilidad pública y ciudadanía
Para trabajadores y ciudadanía, el punto de fondo supera una disputa entre bloques. Cuando decisiones estatales afectan a víctimas de delitos sexuales, la transparencia, la motivación jurídica y el derecho a ser oídas deben ser verificables. También corresponde evitar que el debate convierta una acusación aún no resuelta en una condena anticipada.
Enfoque editorial: la rendición de cuentas no puede reducirse a formalidades. El Estado debe explicar cada decreto, proteger a las víctimas y corregir los vacíos normativos sin usar la urgencia como sustituto de una investigación completa.
Fuentes
- Cámara de Diputadas y Diputados, Resolución N.º 281.
- Ministerio de Justicia, comunicado del 23 de octubre de 2026.
- Diario Financiero, ingreso del libelo, 12 de noviembre de 2026.
Imagen: retrato oficial de Fernando Rabat, Gobierno de Chile, vía Wikimedia Commons, licencia CC BY 3.0.
