Presupuesto 2027 llega a la Cámara: empleo, salud y educación no pueden pagar el ajuste
La Cámara inicia este lunes la discusión del erario con partidas y programas rechazados en la Comisión Mixta. La disputa no es contable: define continuidad de servicios, apoyos al empleo y derechos sociales.
El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 llegará el lunes 9 de noviembre a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, después de que la Comisión Especial Mixta lo despachara el 5 de noviembre. El Senado registra que la última sesión se extendió por más de quince horas y que el texto pasó a la Cámara; por tanto, se trata de un proyecto en tramitación, no de una ley aprobada.
El Gobierno presenta el erario como un equilibrio entre prioridades sociales y sostenibilidad fiscal. Su mensaje sostiene que el gasto debe ordenarse para contener déficit y deuda, y ubica la reactivación y el empleo entre sus ejes. Pero el resultado de la Mixta dejó conflictos que afectan directamente a hogares y trabajadores: las partidas de Educación y Ciencia fueron rechazadas, junto con recursos de atención primaria y asignaciones de subsidios administrados por Sence.
En el caso de los subsidios al Empleo Joven, al Empleo de la Mujer y el Subsidio Unificado al Empleo, el rechazo busca forzar una nueva propuesta del Ejecutivo ante la reducción de fondos. No equivale a su eliminación definitiva: la Cámara puede revisar las asignaciones y Hacienda puede reponer recursos. Esa precisión es central para no presentar como consumado un recorte que aún se debate.
Desde una perspectiva laboral, el ajuste no puede trasladarse a quienes ya enfrentan desempleo, salarios insuficientes o servicios públicos sobrecargados. Reducir apoyos sin una estrategia pública de empleo verificable profundizaría la precariedad; debilitar la atención primaria trasladaría costos y tiempos de espera a familias y equipos sanitarios; y recortar Educación comprometería oportunidades futuras.
La responsabilidad fiscal exige transparencia y eficacia, pero también prioridades democráticas. La discusión de esta semana debe identificar beneficiarios afectados, justificar cada disminución y asegurar financiamiento suficiente para servicios y programas esenciales. El Congreso fiscaliza; el Ejecutivo, que tiene iniciativa exclusiva para aumentar gasto, debe responder con cifras y soluciones.
