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Paraguay destituye a Santiago Peña tras la caída de Ueno Bank

«Traición a la Patria» es el reproche ético y político que merece el uso del poder público para enriquecer a privados a costa de la población, cuando esa conducta se comprueba. En Paraguay, la Fiscalía investiga presuntas irregularidades en Ueno Bank, mientras ahorristas y jubilados exigen recuperar su dinero y conocer quiénes lo pusieron en riesgo.

PTT Noticias | Internacional | 7 de noviembre de 2026

El Senado de Paraguay destituyó el viernes 6 de noviembre al presidente Santiago Peña por mal desempeño de sus funciones. Los 44 senadores presentes votaron a favor de removerlo. Esa misma noche, el hasta entonces vicepresidente Pedro Alliana juró como jefe de Estado para completar el mandato que termina en 2028. Senado de Paraguay · EFE.

Tras la destitución, la Fiscalía ordenó detener a Peña y al expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, en una causa por presunta lesión de confianza y otros hechos. Peña fue detenido inicialmente en su domicilio y luego trasladado al Regimiento Escolta Presidencial. Fue citado a comparecer ante la Fiscalía este sábado. Peña ha negado haber actuado indebidamente. La destitución resolvió su permanencia en el cargo. Su eventual responsabilidad penal sigue bajo investigación. Ministerio Público · Infobae · AP.

Cómo quedaron expuestos los ahorros y los fondos públicos

El Banco Central inició la intervención de Ueno Bank tras constatar que su indicador de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. En una investigación sobre las operaciones del banco, la Fiscalía imputó a 27 personas e indaga si la entidad entregó préstamos y permitió sobregiros a empresas vinculadas al mismo grupo económico sin evaluar debidamente su capacidad de pago. En términos simples, los investigadores buscan establecer si el banco puso en riesgo el dinero que administraba para financiar negocios de su propio grupo. Banco Central de Paraguay · Ministerio Público.

Ueno tenía cerca de 2,9 millones de clientes. Según una investigación de El Surti publicada por Chequeado, entre los afectados había unos 32 mil jubilados, y la entidad mantenía alrededor de 800 millones de dólares en depósitos de organismos públicos. El Banco Central anunció una primera etapa de devolución para depositantes con saldos de hasta 10 millones de guaraníes que cumplieran ciertas condiciones. Mientras se organizaban los pagos, en Asunción hubo manifestaciones para exigir la devolución del dinero y que se establezcan responsabilidades. El Surti / Chequeado · Banco Central de Paraguay · AP.

El lucro privado y el deber de cuidar lo público

Para una familia, el saldo de una cuenta puede ser el sueldo con que paga el arriendo, compra alimentos o cubre los remedios del mes. Para una persona jubilada, puede ser el ahorro de toda una vida de trabajo. Por eso, administrar esos recursos exige honradez, prudencia y rendición de cuentas. La lógica capitalista que pone el lucro por encima de las necesidades de las personas merece una condena clara. Quienes buscan quedarse con las ganancias deben responder por las decisiones que ponen en riesgo el sustento de otros.

La ciudadanía tiene derecho a saber quién decidió colocar fondos públicos en Ueno, qué advertencias recibió y qué hizo para proteger ese dinero. Esas respuestas requieren documentos, auditorías públicas y una investigación que alcance tanto a quienes tomaron las decisiones como a quienes tenían el deber de fiscalizarlas.

Trabajadores y pobladores, garantes de la transparencia

Los trabajadores y pobladores, a través de sus sindicatos y organizaciones territoriales, deben ser garantes de la transparencia. Deben poder acceder a la información, fiscalizar el destino de los recursos públicos y exigir cuentas a quienes los administran. Frente a la corrupción hay que ser severos e implacables. Eso significa investigar hasta el final, recuperar los recursos desviados y aplicar todas las sanciones que correspondan cuando se acrediten responsabilidades, cualquiera sea el cargo de los involucrados.

Cuando se comprueba que representantes de un gobierno usaron deliberadamente el poder que el pueblo les confió para enriquecer a intereses privados a costa de las necesidades de la población, corresponde acusarlos, en el plano ético y político, de traición a la patria. Las responsabilidades penales deben establecerse con pruebas y conforme a la ley.

Foto de archivo de mayo de 2026. Presidencia de Taiwán, vía Wikimedia Commons. Recorte para la portada con licencia CC BY 4.0.

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