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SLEP en segundo trámite: la gradualidad no puede postergar derechos laborales

El proyecto que flexibiliza la instalación de los Servicios Locales de Educación Pública entró en segundo trámite en la Cámara. Su avance reabre una pregunta central: quién protege a estudiantes y trabajadores cuando los traspasos se postergan.

La Cámara recibió el 2 de noviembre el boletín 18.551-04, después de que el Senado lo aprobara el 28 de octubre por 24 votos a favor y 16 en contra en su votación general. La Comisión de Educación fue convocada este 3 de noviembre para continuar su tramitación con “discusión inmediata”. Al cierre de esta nota, el sistema público de seguimiento todavía no mostraba un resultado definitivo de esa sesión.

La iniciativa modifica la Ley 21.040 y entrega mayor flexibilidad al calendario de instalación y traspaso de los Servicios Locales de Educación Pública. Durante el debate del Senado se aprobó permitir ajustes al calendario de los servicios pendientes y postergaciones fundadas de determinados traspasos. El proyecto sigue en discusión: no es una ley vigente y la Cámara puede aprobarlo, modificarlo o rechazarlo.

El punto laboral no es secundario. La propia Comisión de Educación del Senado reconoció que atrasar indiscriminadamente los traspasos podía perjudicar a asistentes de la educación, porque el ingreso al sistema público activa beneficios de su estatuto. Por esa razón, el debate legislativo corrigió parte del calendario y mantuvo mecanismos de excepción para municipios que acrediten condiciones.

La gradualidad puede evitar que un SLEP comience sin dirección, equipos o capacidad administrativa. Pero también puede convertirse en una puerta para prolongar precariedades municipales, deudas previsionales y desigualdades territoriales. La evaluación no debe basarse solo en balances contables: debe considerar continuidad laboral, remuneraciones, reconocimiento de antigüedad, infraestructura y participación efectiva de comunidades educativas.

Desde una perspectiva pública, la solución no es volver a municipalizar la educación ni improvisar traspasos. El Estado debe financiar adecuadamente cada servicio, asegurar dotaciones suficientes y establecer garantías comunes para docentes, asistentes y estudiantes. Cualquier postergación debería tener plazo, razones públicas, recursos verificables y control social.

La urgencia legislativa no puede reemplazar la deliberación con trabajadores y comunidades. Fortalecer la educación pública exige planificación; usar la gradualidad para ahorrar a costa de derechos sería repetir el problema bajo otra administración.

Fuentes




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