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Call centers fuera de Chile: proteger empleo local sin rebajar derechos laborales

El Senado continúa estudiando el proyecto que busca impedir que empresas subcontraten fuera de Chile servicios de teleoperadores destinados al mercado nacional. La discusión enfrenta una pregunta central: cómo proteger miles de empleos sin convertir los derechos laborales en una variable de competencia.

El boletín 17.381-03 se encuentra en segundo trámite constitucional, en la Comisión de Economía. La instancia volvió a revisarlo el 27 de octubre y acordó continuar su estudio. No es una ley vigente y su texto todavía puede cambiar antes de una eventual votación.

La moción original propone sancionar con una multa de 1.000 UF a las empresas que contraten desde el extranjero atención, soporte, ventas, promociones o recepción de reclamos dirigidos a usuarios en Chile. Sus autores vinculan la medida con la protección del empleo local y la prevención de fraudes telefónicos.

Durante las audiencias del Senado, representantes sindicales y empresariales coincidieron en que el sector genera más de 30.000 puestos de trabajo y que entre 60% y 70% corresponde a mujeres. Las organizaciones de trabajadores pidieron frenar el traslado de empleos y avanzar en capacitación y mejores condiciones. También manifestaron preocupación por servicios públicos externalizados que manejan información sensible, mencionando la atención telefónica de Fonasa.

La asociación empresarial del sector sostuvo, por su parte, que las compañías instaladas en Chile enfrentan mayores costos regulatorios que competidores extranjeros. Ese argumento debe ser discutido sin aceptar que la única respuesta sea reducir salarios, estabilidad o derechos para abaratar el servicio.

Proteger empleo nacional es legítimo, pero una prohibición aislada puede quedar corta. La ley debería precisar quién fiscaliza, cómo se resguardan los datos personales, qué ocurre con proveedores regionales y cómo se impide que la automatización reemplace trabajadores sin negociación ni reconversión. También necesita asegurar que el retorno de contratos al país se traduzca en empleos formales, salarios dignos, salud mental y libertad sindical.

Desde una perspectiva de trabajadores y ciudadanía, los servicios destinados a personas en Chile —especialmente los públicos— deben responder a reglas chilenas, fiscalización efectiva y responsabilidad frente a los usuarios. La soberanía digital y laboral no consiste solamente en localizar una llamada: exige que la riqueza del sector sostenga empleo con derechos, y no una carrera internacional por contratar donde la protección sea menor.

Fuentes: Senado de Chile, audiencias del proyecto; Comisión de Economía del Senado; texto original de la moción; votación de la Cámara.

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