Temporal y recorte a Senapred: prevenir no puede ser gasto prescindible
El temporal que golpeó a la Región Metropolitana volvió a mostrar que la prevención de desastres no puede depender de presupuestos recortados ni de respuestas improvisadas. Mientras municipios catastraban daños y pedían mejores herramientas de alerta, el proyecto de Presupuesto 2027 mantenía una fuerte rebaja para el programa estatal encargado de reducir riesgos.
El 14 de octubre, el Gobierno de Santiago informó que Estación Central iniciaría la aplicación de la ficha FIBE tras el tornado del día anterior. El balance regional consignó inundaciones en Providencia y Ñuñoa, más de 40 árboles caídos, daños en techumbres, personas atrapadas y problemas eléctricos. El gobernador Claudio Orrego anunció que evaluará con la Dirección Meteorológica la adquisición de radares y sostuvo que también se requiere invertir en Bomberos, sistemas municipales de emergencia y colectores de aguas lluvia.
La discusión no ocurre en el vacío. El proyecto de Presupuesto 2027 —todavía en trámite en el Congreso— propone que el Programa de Gestión del Riesgo de Desastres de Senapred baje de $842,253 millones en 2026 a $584,311 millones en 2027: una reducción nominal de 30,6%, según la documentación presupuestaria revisada por medios nacionales. Son $257,942 millones menos para una línea destinada precisamente a fortalecer capacidades preventivas.
El Gobierno puede argumentar evaluación de programas y disciplina fiscal; Dipres ha señalado que los programas con hallazgos relevantes enfrentan ajustes mayores. Pero un recorte debe explicarse con detalle y demostrar que no debilitará municipios, alertas, capacitación ni preparación comunitaria. De lo contrario, el ahorro contable de hoy se transforma en viviendas dañadas, jornadas laborales perdidas y familias obligadas a asumir costos que no provocaron.
Desde una perspectiva de trabajadores, la prioridad es clara: proteger vidas, empleos, transporte y servicios básicos exige inversión pública estable. El Congreso debe exigir fundamentos, metas verificables y reposición de recursos si la capacidad preventiva queda comprometida. La adaptación climática no es un lujo ni un negocio: es seguridad social y territorial.