Sindical

ANEF protesta ante Contraloría y exige estabilidad para las contratas

Dirigentes de la ANEF se manifestaron este 12 de noviembre frente a la Contraloría General de la República para insistir en la reconsideración del dictamen que modificó la protección por “confianza legítima”. La controversia se arrastra desde 2024 y afecta la estabilidad de miles de funcionarios a contrata.

La movilización fue convocada por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que entregó una carta y reiteró su rechazo al Dictamen N.º E561358/2024. Esa resolución estableció que la Contraloría dejaría de pronunciarse sobre reclamos relativos a renovaciones o término de contratas y que las controversias debían canalizarse ante los tribunales de justicia.

El cambio importa porque traslada el costo de la defensa desde un procedimiento administrativo hacia litigios que requieren tiempo, representación y recursos. Para trabajadores con renovaciones anuales, la incertidumbre se concentra al cierre de cada año: una no renovación puede significar pérdida inmediata del ingreso y una disputa judicial posterior, sin garantía de reparación oportuna.

La ANEF y la Central Unitaria de Trabajadores sostienen que el criterio debilita derechos ya reconocidos por la propia jurisprudencia administrativa. El presidente de ANEF, José Pérez Debelli, informó un estado de alerta y afirmó que el gremio evalúa nuevas acciones, incluida la posibilidad de una huelga general. Esa es una declaración sindical, no una paralización ya convocada.

La CUT había presentado una solicitud de reconsideración del dictamen y su Mesa del Sector Público ha combinado presión sindical, gestiones legislativas y negociación sobre estabilidad laboral. La protesta de este miércoles reactualizó esa demanda; no corresponde presentarla como respuesta a una nueva resolución emitida durante la jornada.

El debate de fondo es político: un Estado que depende de dotaciones temporales para funciones permanentes no puede tratar a sus trabajadores como piezas reemplazables. La regularización debe avanzar hacia empleos estables, concursos transparentes y debido proceso, evitando tanto el uso clientelar de las contratas como despidos arbitrarios al final del año.

La defensa de la función pública no es un privilegio corporativo. La continuidad de equipos con experiencia sostiene prestaciones sociales, fiscalización y atención ciudadana. Proteger su estabilidad también protege la calidad de los servicios que recibe la población.

Fuentes

Crédito de imagen: Edificio de la Contraloría General de la República, Carlos yo, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. Imagen referencial recortada.

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