PolíticaSindical

Cerrillos: el Estado chileno vulnera los derechos de niños y familias al desalojar sin garantizarles un hogar

Desalojar y demoler sin asegurar una alternativa habitacional estable es una vergüenza. El caso de Nuevo Amanecer exige responsabilidades al Gobierno y una respuesta de fondo: un MINVU con industria estatal de construcción de viviendas al servicio de las familias.

El desalojo del lunes 9 de noviembre en el sector América Indígena del campamento Nuevo Amanecer, en Cerrillos, afectó a más de 800 personas. Según ADN Radio, el operativo comprendió 817 residentes y 294 viviendas. El medio informó que el municipio ofreció un albergue por 72 horas, mientras algunas familias con niños carecían de una alternativa definitiva de reubicación.

Ese antecedente revela la insuficiencia de la respuesta estatal: un alojamiento de emergencia por tres días no resuelve la pérdida del hogar. Las familias necesitan saber dónde vivirán después, cómo mantendrán a sus hijos en la escuela y cómo continuarán trabajando. Dejar esa incertidumbre sobre sus hombros es un abandono que merece una condena política y social enérgica.

La niñez tiene derechos que el Estado debe garantizar

Las autoridades invocaron órdenes judiciales, riesgos del terreno y razones de seguridad. Esas razones exigen protección y soluciones habitacionales. No borran la responsabilidad del Gobierno de José Antonio Kast y de los organismos públicos frente a quienes pierden su vivienda. Perseguir delitos exige responsabilidades individuales; las familias y los niños no pueden recibir un castigo colectivo.

El artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho a condiciones de vida adecuadas para su desarrollo y contempla asistencia estatal en vivienda cuando sea necesaria. Las directrices de Naciones Unidas sobre desalojos establecen que estos no deben dejar a las personas sin hogar y requieren medidas para ofrecer alternativas adecuadas.

Desde esta perspectiva, denunciamos que desalojar sin garantizar alojamiento adecuado vulnera los derechos de la niñez y de las familias. La crítica no desconoce el albergue anunciado: cuestiona que la protección tenga un plazo breve y no asegure continuidad habitacional. Es una vergüenza que el Estado disponga de capacidad para demoler y no garantice una respuesta duradera para cada hogar afectado.

Proponemos un MINVU que construya viviendas directamente

Desde SINTUD proponemos que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo cuente con una industria estatal propia de construcción: capacidad pública para planificar, producir materiales y levantar viviendas, con trabajadores contratados en condiciones dignas, presupuesto suficiente, fiscalización y participación de las familias.

Esta propuesta debe acompañarse de suelo para vivienda, barrios con servicios y plazos verificables para acceder a un hogar propio. Es una demanda política para transformar la respuesta habitacional, no una medida actualmente garantizada a las familias desalojadas.

Las trabajadoras y los trabajadores sostenemos al Estado con nuestro trabajo y nuestros impuestos. Exigimos que esos recursos permitan garantizar derechos. Llamamos a los comités de vivienda, sindicatos y asambleas comunales a organizar una respuesta común: ninguna familia abandonada a la calle y un Estado que asuma la construcción de viviendas dignas como una prioridad.

Fuentes: ADN Radio, 9 de noviembre de 2026; 24 Horas, antecedentes del operativo; Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 27; Naciones Unidas, directrices sobre desalojos, párrafos 43 y 52.

Spread the love

Agregar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *